RECURSO DE APELACIÓN

recursoS de apelación

EXPEDIENTES: SUP-RAP-54/2012, SUP-RAP-56/2012 Y SUP-RAP-58/2012, SUP-RAP-82/2012 Y SUP-RAP-84/2012, ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD DE MEDIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIOS: MARIBEL OLVERA ACEVEDO, JOSE WILFRIDO BARROSO LÓPEZ, RICARDO HIGAREDA PINEDA Y RODRIGO QUEZADA GONCEN

México, Distrito Federal, a siete de marzo dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-54/2012, SUP-RAP-56/2012, SUP-RAP-58/2012, SUP-RAP-82/2012 y SUP-RAP-84/2012, promovidos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como por el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, respectivamente, en contra del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de controvertir el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, apartado C del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el proceso electoral federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los Municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán”, identificado con la clave CG75/2012 y,

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los recurrentes hacen en sus respectivos escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Inicio de procedimiento electoral federal. El siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral declaró el inicio del procedimiento electoral federal dos mil once–dos mil doce, en el que se elegirá Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión.

2. Acuerdo impugnado. En sesión extraordinaria de ocho de febrero de dos mil doce, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el proceso electoral federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los Municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán”, identificado con la clave CG75/2012, el cual es al tenor siguiente:

ANTECEDENTES

I. En términos de lo dispuesto en el artículo 210, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el primer domingo de julio de dos mil doce se celebrará la próxima Jornada Electoral Federal para renovar el Congreso de la Unión y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

II. En sesiones extraordinarias celebradas los días veintisiete de junio y diecisiete de agosto de dos mil once, el Consejo General aprobó los acuerdos CG193/2011 y 247/2011, por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de recursos públicos a que se refiere el artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se modifica el acuerdo CG193/2011 en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con en el (sic) número expediente SUP-RAP-147/2011.

III. El siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral celebró la sesión extraordinaria con la que se da inicio al Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad con lo señalado en el artículo 210, numerales 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IV. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el quince de diciembre de dos mil once, se aprobó el Acuerdo [...] por el que se aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2011-2012, así corno de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal, para dar cumplimiento al artículo 62, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número de expediente SUP-RAP-553/2011 y acumulados.

V. El seis de octubre de dos mil once se recibió el oficio número SGD/097/2011, signado por Fernando Luis Manzanilla Prieto, Secretario General de Gobierno del estado de Puebla, Guillermo Jiménez Morales, Titular del Comité Ejecutivo del Comité Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla y Fernando García Limón Subcomité de Participación Ciudadana, en el cual solicita se considere a la difusión de propaganda sobre la “Conmemoración del 150 aniversario de la batalla del cinco de mayo” a celebrarse en el año dos mil doce; como una excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental por el periodo comprendido del uno de marzo al quince de junio de dos mil doce.

VI. Mediante oficio SNM/089/2011, de veintitrés de noviembre de dos mil once, el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación solicitó que se mantuvieran como excepciones a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental las campañas relacionadas con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; los Pronósticos para la Asistencia Pública; la promoción turística del país; el Servicio de Administración Tributaria; el Banco de México y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, solicitó que se incluyeran como excepciones a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental las campañas relacionadas con servicios educativos en materia de cultura de la legalidad, prevención del delito y segundad pública; servicios educativas (sic) en materia de educación financiera; inicio del horario de verano y programas de educación vial en carreteras y autopistas.

VII. Mediante oficio SNM/096/2011, de seis de diciembre de dos mil once, el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación solicitó que se incluyera como excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental la campaña relacionada con las actividades y servicios que en materia artística y cultural lleva a cabo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

VIII. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el quince de diciembre de dos mil once, se emitió el Acuerdo [...] por el que se aprueba y ordena la publicación del catálogo de emisoras para el proceso electoral extraordinario en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo, y se determina el tiempo que se destinará a los partidos políticos, identificado con la clave CG430/2011.

IX. Mediante oficio SNM/004/2012, de diez de enero de dos mil doce, el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación solicitó que se incluyera como excepción a las regla sobre suspensión de propaganda gubernamental la campaña educativa denominada “Cultura del agua, versión Nuevos Hábitos 2012”.

X. Mediante oficio SNM/015/2012, de veinte de enero de dos mil doce, el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación envió la petición de la Secretaria de Desarrollo Social para que se incluyera como excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental, la campaña de cultura de la legalidad que tiene por objeto evitar la compra del voto durante las campañas electorales.

XI. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el veinticinco de enero de dos mil doce, se emitió el Acuerdo [...] por el que se aprueba y ordena la publicación del catálogo de emisoras para el proceso electoral extraordinario en el municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán, y se determina el tiempo que se destinará a los partidos políticos.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la Ley, y que en el ejercicio de esa función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores.

2. Que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales, y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Bases III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, numeral 5; y 105, numeral 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. Que como lo señalan los artículos 1, numerales 1 y 2; 36, numeral 1, inciso c); 48, numeral 1, inciso a); y 49, numerales 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las disposiciones del mismo son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas a las prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se encuentra el acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y el Código.

4. Que el artículo 51, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral dispone que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través del Consejo General; de la Junta General Ejecutiva; de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; del Comité de Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias, y de los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares.

5. Que de conformidad con el artículo 109 del código de la materia, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

6. Que de acuerdo con el artículo 118, numeral 1, incisos i), I), w) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto tiene como atribuciones vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego al propio código, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida; vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en el código y demás leyes aplicables; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en el propio código; y, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el código de referencia.

7. Que como es del conocimiento público, durante el año dos mil doce se celebrará la Jornada Electoral Federal para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, así como diversas jornadas electorales locales en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

8. Que por Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el año dos mil doce, habrán de celebrarse procesos electorales extraordinarios en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán

9. Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el quince de diciembre de dos mil once, se aprobó el Acuerdo [...] por el que se aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal, para dar cumplimiento al artículo 62, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número de expediente SUP-RAP-553/2011 y acumulados.

Dicho Catálogo en su considerando séptimo dispuso que ‘se aprueba el listado de estaciones de radio y canales de televisión en todo el territorio nacional, para que el Consejo General determine lo relativo a la suspensión de la propaganda gubernamental en esas emisoras durante el período de campañas’.

10. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 7, numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, salvo la relativa a las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

12. Que según lo establecido en el artículo 134 constitucional, la propaganda -bajo cualquier modalidad de comunicación social- que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En este sentido, la propaganda que se transmita con motivo de las excepciones que se han referido en el presente Acuerdo, deberá tener carácter institucional; es decir, deberá de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, sin contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

13. Que el artículo 228, numeral 5 del código electoral establece que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso, la difusión de tales informes, podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

14. Que este acuerdo tiene como finalidad garantizar seguridad jurídica, certeza, imparcialidad y equidad durante las campañas, y hasta el día de la Jornada Electoral, de los procesos comiciales federales y locales a celebrarse en dos mil doce, en la aplicación de las restricciones para la suspensión de la propaganda gubernamental previstas en el artículo 41, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

15. Que en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que señala lo siguiente:

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD. (Se transcribe).

16. Que a efecto de conocer las excepciones a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deben atender los conceptos sobre educación, protección civil y salud que ofrece nuestra Constitución, interpretando dichas disposiciones de manera armónica, a fin de que convivan todas las normas y principios contenidos en la misma y en particular los principios de equidad e imparcialidad que deben regir en las contiendas electorales.

 Supuestos de excepción relativos a servicios educativos:

17. Que el artículo 3º, párrafo 2 y fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Asimismo, el criterio que orientará la educación será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Por otro lado, la educación que imparta el Estado será nacional, en cuanto a que atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; asimismo, contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, así como el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres y mujeres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

18. Que según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Turismo, la Secretaría de Turismo será auxiliada en materia de promoción turística, nacional e internacional, por la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México. La promoción de centros turísticos del país que emite el Consejo de Promoción Turística de México tiene carácter informativo y de orientación sobre los diversos destinos turísticos de México.

Así, se considera que la promoción nacional del país y de sus centros turísticos constituye una campaña de naturaleza educativa, que tiene sustento a partir del concepto integral que en torno a la educación proporciona el artículo 3º de la Constitución.

Lo anterior, toda vez que la Norma Fundamental concibe la educación como una forma integral del ser humano, misma que no reduce a la educación que se recibe por medio de la actividad docente y que amplía su espectro del conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento de los recursos y al acrecentamiento de nuestra cultura, siendo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Federal, los aspectos culturales comprenden el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre los distintos lugares, formas de vida y costumbres, entre otros.

En consecuencia, resulta evidente que la promoción nacional de México, en relación a los lugares del país y sus destinos turísticos, se inserta en el concepto de educación, al permitir a la población conocer la existencia de diversos sitios de interés, por su belleza geográfica, importancia histórica, cultural y costumbres.

19. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan, proporcional y equitativamente, al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones; y, de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Adicionalmente, tiene a su cargo la difusión de la información y orientación necesarias que permita crear una conciencia tributaria entre la sociedad; y, es independiente de la promoción de logros de gobierno.

Así, el concepto de educación que proporciona el artículo 3º de la Constitución, comprende una formación integral, en la que se debe fomentar la conciencia de la solidaridad, la convicción del interés general de la sociedad, atender a la comprensión de los problemas y necesidades del país, además de considerarla como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y social.

En este sentido, se considera que los programas en torno a una cultura contributiva, se insertan en el concepto de educación, toda vez que se traducen en acciones tendentes a lograr una formación cívica que a partir del conocimiento y concientización de que el gasto público se destina a cubrir aquellas necesidades de la sociedad que son de interés público, generan una cultura de solidaridad en el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales, y al mismo tiempo tiene por objeto la educación del pueblo en torno al pago de las cargas tributarias para el sostenimiento del Estado.

20. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1 y 48 de la Ley del Banco de México, el Estado tendrá un banco central que será autónomo -en el ejercicio de sus funciones y en su administración- y que tendrá a su cargo la obtención y difusión de información en materia económica y, particularmente, financiera. El banco central debe dar a conocer al público en general la puesta en circulación, características y demás elementos de seguridad de billetes y monedas, así como la información relativa a servicios relacionados con el almacenamiento, abastecimientos, canje, depósito y retiro de los referidos signos monetarios.

En este orden de ideas, se considera que la campaña de comunicación social del Banco de México se encuentra inmersa en el concepto de educación, proporcionado por el artículo 3º de la Constitución, toda vez que dicho concepto comprende el conocimiento que asegura la independencia de la economía nacional, así como aquella información de utilidad que permita contar con un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico de la sociedad.

21. Que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene el mandato de garantizar en el ámbito de la Administración Pública Federal, los derechos fundamentales previstos en los artículos 6 y 16 de la Constitución federal (sic), es decir, los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, respectivamente. En este sentido, los artículos 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 37, fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen que el Instituto tiene a su cargo la función de difundir entre la población los derechos que garantiza.

Que el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece el “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Que debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por tanto, es un derecho de toda persona, indispensable para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

En este contexto, la campaña relativas al derecho de acceso a la información se encuentran vinculada con el concepto de educación, toda vez que a través de la misma se hace del conocimiento de la sociedad la forma de acceder a la información que se encuentra en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, garantizando la transparencia y rendición de cuentas de los instituciones y servidores públicos.

22. Que de conformidad con lo solicitado en el antecedente V del presente Acuerdo, en virtud del significado que el “cinco de mayo” tiene para la historia y cultura del país, es pertinente exceptuar de las reglas de propaganda gubernamental las campañas educativas que lleven a cabo los distintos niveles de gobierno, relativa a los festejos de la “Conmemoración del 150 Aniversario de la batalla del cinco de mayo”, a celebrarse en el propio dos mil doce, y que tendrán verificativo durante el periodo comprendido del quince de abril al seis de mayo de dos mil doce, inclusive.

En este sentido, la Constitución concibe la educación como necesaria para la formación integral del ser humano, en una visión amplia de la comprensión histórica y cultural que tenemos como Nación, por lo que se considera pertinente exceptuar las campañas educativas relativas a los festejos de la “Conmemoración del 150 Aniversario de la batalla del cinco de mayo”, tomando en cuenta que se trata de una campaña de fomento de la actividad cívica a partir del concepto integral de la educación.

23. Que es procedente exceptuar de las reglas de propaganda gubernamental la campaña informativa relativa al Inicio del Horario de Verano, toda vez que dicho horario inicia el primer domingo de abril y el periodo de suspensión de la propaganda gubernamental tiene lugar a partir del treinta de marzo del presente año. En esta circunstancia, sólo habrá de permitirse dicha propaganda del treinta de marzo al uno de abril del dos mil doce, días en que se requiere una mayor difusión de dicho programa a efecto de que la población realice debidamente el cambio de horario.

Cabe señalar, que uno de los fines que persigue la educación según lo establecido en nuestra Ley Fundamental, consiste en atender el aprovechamiento de nuestros recursos, y en este sentido, el programa de horario de verano tiene como objetivo utilizar con eficacia los recursos energéticos a través del fomento de una cultura del ahorro de energía.

Asimismo, de conformidad con los artículos 3, 4, 5 6 y 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo, incorporará objetivos y estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo, para el aprovechamiento sustentable de la energía.

Por lo anterior, en el diseño y aplicación de los programas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, se promoverá la participación social y la concertación, con el fin de vincular a las instituciones del sector público, a las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, a las instituciones académicas y a la población en general coordinando sus actividades.

Por su parte, el programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía deberá contener: estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a, entre otros, procurar que la población cuente con información veraz y efectiva en relación con el consumo energético de, entre otros, los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento.

Por las consideraciones anteriores, se determina que la difusión del inicio del Programa del Horario de Verano, en los días previstos, debe de exceptuarse de la prohibición establecida constitucionalmente de transmitir propaganda gubernamental, pues se trata de mensajes meramente informativos con fines educativos tendientes a fortalecer la cultura del aprovechamiento y cuidado de la energía.

24. Que según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dicho órgano tiene como atribución principal promover y difundir la cultura y las artes en el país.

En este sentido, la Constitución concibe la educación como necesaria para la formación integral del ser humano y la misma debe atender la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, por lo que se considera pertinente exceptuar las campañas relativas a la difusión de las actividades y servicios en materia artística y cultural llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el fin de promover en la población la asistencia a dichos eventos.

25. Que según lo dispuesto en el artículo, 84 bis de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua, con el concurso de los Organismos de Cuenca, deberá promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas para lo cual deberá, entre otras cosas, instrumentar campañas permanentes de difusión sobre la cultura del agua y fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad nacional, y alentar el empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente y conservación del agua.

En este sentido, la Constitución concibe la educación como necesaria para la formación integral del ser humano, por lo que se considera pertinente exceptuar las campañas relativas a el cuidado y buen uso del agua, ya que estas actividades corresponden a la educación informal y contribuyen a generar y/o modificar hábitos y patrones de conducta en beneficio de la ciudadanía. Además, esta autoridad considera que dicha campaña, cuyo propósito es promover hábitos para un uso racional del agua, coadyuva a la educación de los niños y las niñas y complementa las acciones de educación básica en nuestro país.

En efecto, la campaña “Cultura del Agua, versión nuevos hábitos 2012”, debe de exceptuarse de la prohibición establecida constitucionalmente de transmitir propaganda gubernamental, pues se trata de mensajes meramente informativos con fines educativos tendientes a fortalecer la cultura del buen uso del agua.

26. Que el Constituyente Permanente estimó como lesivo de la democracia: a) que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos; y, b) que la propaganda gubernamental sea utilizada con fines distintos a los de tipo institucional, salud, educativos y de protección civil. De esa manera buscó tutelar un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático, que es que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad.

De ahí que exceptuó aquéllos casos que, a virtud de su naturaleza, no tienen el poder de influir en las preferencias electorales y por tanto, de trastocar los principios de imparcialidad y equidad rectores de los procesos electorales

En este sentido, la campaña de legalidad; seguridad pública; prevención del delito de extorsión y delincuencia organizada que se solicita exceptuar de las reglas de propaganda gubernamental, no encuadran en las excepciones previstas en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que no guardan relación con servicios educativos ni de salud y tampoco se estima necesario para la protección civil en casos de emergencia.

Asimismo, la campaña de servicios de educación en materia financiera que se solicita exceptuar de las reglas de propaganda gubernamental, no encuadra en las excepciones previstas en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que no guardan relación con servicios educativos .

Respecto a la campaña de legalidad que la Secretaría de Desarrollo Social solicita se incluya como excepción, la misma no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, segundo párrafo Constitucional y 2, párrafo 2, de la ley electoral federal para exentarla de la prohibición de su difusión, lo anterior, en virtud de que, por disposición legal, son las autoridades en materia electoral las competentes para difundir campañas en torno a la legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y objetividad.

Precisamente, una de esas autoridades es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la cual tiene a su cargo la persecución de las conductas ilícitas, entre las que se encuentra, la compra del voto y es esa autoridad, la que realiza campañas atinentes a evitar la comisión de tales acciones.

Por lo tanto, al no encontrarse la campaña relativa a servicios educativos en materia financiera, seguridad pública y de prevención del delito, así como la de la cultura de la legalidad que la Secretaría de Desarrollo Social, dentro de los casos de excepción previstos en nuestra Ley Fundamental, dicha propaganda no debe quedar contemplada dentro de los casos de excepción a través de un acuerdo de la autoridad electoral federal, ya que se violentaría el principio de supremacía constitucional, al reglamentarse un aspecto no contemplado en la norma suprema.

Lo anterior es así, ya que el artículo 133 de la Carta Magna, establece que la Constitución Federal es la norma suprema, por lo que las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados internacionales deben estar conformes con la Constitución, por lo tanto, no puede existir disposición legal alguna que traspase los umbrales constitucionales jerárquicamente superiores.

• Supuestos de excepción relativos a servicios de salud:

27. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso. Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Norma Fundamental establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

Ahora bien, el concepto de servicios de salud debe entenderse como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad colectiva de interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, medios y recursos que son indispensables para su prestación adecuada.

Asimismo, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de los servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción de las medidas que sean indispensables para la debida prestación de los servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de la salud.

28. Que, en términos del artículo 39, fracción I y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y el “Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y ocho por el que se crea la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública”, dichos organismos descentralizados de la Administración Pública Federal tienen como fin apoyar los programas y servicios de salud.

En este sentido, las campañas que llevan a cabo la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública tienen como finalidad recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho servicio.

29. Que de conformidad con el artículo 39, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Salud establecer y conducir la política nacional en materia de servicios médicos y salubridad general.

En este sentido, los artículos 3, fracción XI; 182 y 163 de la Ley General de Salud, disponen que es materia de salubridad general la educación para la salud; y, que el derecho a la protección a la misma tienen como finalidad la prolongación de la vida humana. Asimismo, que la acción en materia de prevención de accidentes comprende la adopción de medidas para prevenirlos, así como el fomento de programas de educación y orientación a la población.

En razón de lo anterior, es necesario exceptuar de las reglas de propaganda gubernamental las campañas difundidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de prevención de accidentes, así como educación vial en carreteras y autopistas durante las semanas previas al periodo vacacional de semana mayor, así como durante dicho periodo, es decir del uno al catorce de abril de dos mil doce.

30. Que resulta necesario considerar como excepciones a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental aquélla que para la asistencia pública emitan tanto la “Lotería Nacional” como “Pronósticos para la Asistencia Pública”; la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país; la campaña de educación del Servicio de Administración Tributaria para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales; las campañas de comunicación social del Banco de México con contenido educativo; la propaganda que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emita para difundir los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; la transmisión publicitaria de la Conmemoración del 150 Aniversario de la batalla del cinco de mayo; las campañas difundidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de prevención de accidentes; educación vial en carreteras y autopistas relativa al periodo vacacional de semana mayor; la campaña relativa al inicio del horario de verano; así como las campañas relativas la difusión de las actividades y servicios en materia artística y cultural llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Para estos efectos, no podrán incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni hacer referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, ni contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus campañas institucionales, (sic) Dicha propaganda además deberá de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

31. Que la emisión radiofónica denominada “La Hora Nacional” no constituye por su estructura propaganda gubernamental. No obstante lo anterior, en apego a las normas constitucionales y legales que regulan la difusión de propaganda gubernamental, durante la transmisión de la citada emisión radiofónica deberá suprimirse toda propaganda de cualquier ente público desde el inicio de las campañas y hasta el día en que se celebre la jornada comicial respectiva.

Asimismo, en dicho espacio no podrán difundirse frases ni referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus campañas institucionales, ni divulgarse elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Dicha emisión además deberá de abstenerse de de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso, emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

32. Que las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo serán aplicables del treinta de marzo al uno de julio de dos mil doce, inclusive, a todas las emisoras que estén previstas en el “Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral

Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal, para dar cumplimiento al artículo 62, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número de expediente SUP~RAP~553/2011 y acumulados

33. Que por lo que hace a los procesos electorales extraordinarios a celebrase en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán, el presenté Acuerdo entrará en vigencia con el inicio de las campañas electorales correspondientes y será aplicable en todas las emisoras previstas en los catálogos de emisoras aprobados por este Consejo General para los procesos electorales extraordinarios en comento.

34. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado D, Constitucional, establece que el Instituto sancionará las infracciones relativas al uso de los medios de comunicación social mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley. Por esta razón, el Instituto podrá sancionar las violaciones en materia de difusión de propaganda gubernamental durante la campaña electoral federal y las campañas electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y hasta concluir la Jornada Electoral en los procesos electorales locales.

De conformidad con lo expresado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, numeral 1; 108; 109 y 118, numeral 1, inciso z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano colegiado emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban las normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán.

SEGUNDO.- Atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral y en términos de lo dispuesto en la parte final de la jurisprudencia 18/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán colmar los mencionados principios. TERCERO.- Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en radio y televisión, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en los términos y con las excepciones establecidas los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del treinta de marzo y hasta el uno de julio de dos mil doce, en las emisoras de radio y televisión previstas en el “Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal”.

CUARTO.- Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en radio y televisión, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en los términos y con las excepciones establecidas los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que se aprueban mediante el presente instrumento a partir del inicio de las campañas electorales extraordinarias a celebrase en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán y será aplicable en todas las emisoras previstas en los catálogos de emisoras aprobados por este Consejo General para los procesos electorales extraordinarios en comento. QUINTO.- Se considerará que forman parte de las excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando no incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o a sus campañas institucionales, en términos de lo previsto en los diversos Acuerdos CG193/2011 y CG247/2011, las siguientes:

• La propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la Lotería Nacional como Pronósticos para la Asistencia Pública;

• La publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país;

• La campaña de educación del Servicio de Administración Tributaria para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales;

• La propaganda que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emita para difundir los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales;

• Las campañas de comunicación social del Banco de México con contenido exclusivamente educativo;

• La transmisión publicitaria de la Conmemoración del 150 Aniversario de la batalla del cinco de mayo, entre el quince de abril y el seis de mayo de dos mil doce, inclusive;

• Las campañas difundidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de prevención de accidentes, así como educación vial en carreteras y autopistas referente al periodo vacacional de semana mayor, misma que será transmitida del uno al catorce de abril de dos mil doce, inclusive;

• La propaganda con motivo del inicio del Programa de Horario de Verano, a transmitirse del treinta de marzo al uno de abril de dos mil doce, inclusive;

•Las campañas relativas la difusión de las actividades y servicios en materia artística y cultural llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y

• La campaña educativa denominada “Cultura del agua, versión Nuevos Hábitos 2012”, a difundirse por la Comisión Nacional del Agua.

La propaganda antes referida deberá de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía, ni referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

SEXTO.- Durante la emisión radiofónica denominada “La Hora Nacional” deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos o de cualquier ente público desde el inicio de los respectivos periodos de campañas y hasta el día en que se celebre la jornada comicial respectiva. Asimismo, en dicho espacio no podrán difundirse logotipos, frases o cualquier tipo de referencias visuales y/o auditivas al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus campañas institucionales, ni elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

Además, la emisión antes referida deberá de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso, emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía, ni referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

SÉPTIMO.- Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor.

OCTAVO.- Las normas de propaganda gubernamental aprobadas mediante el presente Acuerdo entrarán en vigor a partir de la fecha del inicio de la campaña electoral federal y concluirán su vigencia al día siguiente de la Jornada Electoral. Por lo que hace a los procesos electorales extraordinarios a celebrase en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán, el presente Acuerdo entrará en vigencia con el inicio de las campañas electorales extraordinarias correspondientes y concluirán su vigencia al día siguiente de la Jornada Electoral.

NOVENO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y, por su conducto, a los gobiernos municipales.

DÉCIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas necesarias para la oportuna publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

…

II. Recursos de apelación. Inconformes con el acuerdo trasunto, los institutos políticos actores promovieron recursos de apelación en las fechas que a continuación se precisan:

El once de febrero de dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional promovió recurso de apelación.

El inmediato día doce, el Partido de la Revolución Democrática presentó escrito de demanda de recurso de apelación, para impugnar el citado Acuerdo.

El catorce de febrero de dos mil doce, el Partido Acción Nacional, promovió recurso de apelación.

El veintisiete de febrero de dos mil doce, tanto el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, como la Secretaría de Gobernación, promovieron, cada uno, recurso de apelación.

III. Trámite, remisión y turno.

1. Respecto del recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional, cabe precisar que en el Instituto Federal Electoral se integró el expediente ATG-051/2011, para efecto de cumplir el trámite previsto en Ley, concluido éste, el dieciséis de febrero de dos mil doce, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió a esta Sala Superior, por oficio SCG/0733/2012, el citado expediente, entre los documentos anexos obra el escrito original de demanda de apelación, el informe circunstanciado y demás documentación que la autoridad responsable consideró pertinente.

El dieciséis de febrero de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio precisado en el párrafo que antecede, motivo por el cual, el Magistrado Presidente, por acuerdo de esa fecha ordenó integrar el expediente del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-54/2012, así como su tuno a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Por cuanto hace al recurso de apelación promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en el Instituto Federal Electoral se integró el expediente ATG-053/2011, para cumplir el trámite legalmente previsto, por lo que concluido este, el Secretario del citado Consejo General, el diecisiete de febrero de dos mil doce, por oficio SCG/0765/2011, remitió el expediente antes citado, en el que obran, entre otras constancias, escrito original de demanda de apelación, informe circunstanciado y demás documentación que la autoridad administrativa electoral federal consideró pertinente.

El citado día diecisiete de febrero de dos mil doce, se recibió, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio con sus anexos, precisado en el párrafo que antecede, motivo por el cual el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-56/2012 y su turno a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera para los efectos previstos en el artículo 19 de la legislación adjetiva electoral federal.

3. En lo tocante al recurso de apelación promovido por el Partido Acción Nacional, cabe precisar que el Instituto Federal Electoral integró el expediente ATG-055/2011, para efecto de cumplir el trámite previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que al concluir éste, el diecinueve de febrero de dos mil doce, por oficio SCG/0772/2012, del Secretario del aludido Consejo General, se remitió a este órgano jurisdiccional el citado expediente, en el cual obran, entre otras constancias, escrito original de demanda de apelación, informe circunstanciado y demás documentación que consideró atinente la autoridad responsable.

El diecinueve de febrero de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio precisado en el párrafo que antecede, por lo que el Magistrado Presidente, por acuerdo de esa fecha, ordenó integrar el expediente del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-58/2012, así como su turno a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Por cuanto hace al recurso de apelación promovido por el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, cabe precisar que el Instituto Federal Electoral integró el expediente ATG-075/2011, para efecto de cumplir el trámite previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que al concluir éste, el dos de marzo de dos mil doce, por oficio SCG/1246/2012, del Secretario del aludido Consejo General, se remitió a este órgano jurisdiccional el citado expediente, en el cual obran, entre otras constancias, escrito original de demanda de apelación, informe circunstanciado y demás documentación que consideró atinente la autoridad responsable.

El dos de marzo de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio precisado en el párrafo que antecede, por lo que el Magistrado Presidente, por acuerdo de esa fecha, ordenó integrar el expediente del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-82/2012, así como su turno a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. Respecto del recurso de apelación promovido por la Secretaría de Gobernación, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la citada dependencia, cabe precisar que el Instituto Federal Electoral integró el expediente ATG-077/2011, para efecto de cumplir el trámite previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que al concluir éste, el dos de marzo de dos mil doce, por oficio SCG/1248/2012, del Secretario del aludido Consejo General, se remitió a este órgano jurisdiccional el citado expediente, en el cual obran, entre otras constancias, escrito original de demanda de apelación, informe circunstanciado y demás documentación que consideró atinente la autoridad responsable.

El dos de marzo de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio precisado en el párrafo que antecede, por lo que el Magistrado Presidente, por acuerdo de esa fecha, ordenó integrar el expediente del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-84/2012, así como su turno a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Radicación. Mediante proveídos de diecisiete, diecinueve y veinte de febrero, así como cinco de marzo de dos mil doce, el Magistrado Instructor tuvo por radicados, en la Ponencia a su cargo, los recursos de apelación mencionados en el preámbulo de esta sentencia.

V. Admisión, presupuestos de procedibilidad y propuesta de acumulación. Mediante acuerdos de veintitrés y veinticuatro de febrero, así como de seis marzo de dos mil doce, el Magistrado Instructor, según correspondió, al considerar, en cada caso, la satisfacción de los requisitos de procedibilidad, admitió, para su correspondiente sustanciación, las demandas de los aludidos recursos de apelación.

Cabe puntualizar que el Magistrado Instructor, en los acuerdos de admisión, correspondientes a los recursos de apelación radicados en los expedientes SUP-RAP-56/2012, SUP-RAP-58/2012, SUP-RAP-82/2012 y SUP-RAP-84/2012, propuso, al Pleno de la Sala Superior, la acumulación de los citados medios de impugnación al diverso SUP-RAP-54/2012; en razón de que advirtió conexidad en la causa e identidad en la autoridad demandada.

VI. Tercero interesado. Durante la tramitación del recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-56/2012, compareció como tercero interesado, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante suplente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

VII. Cierres de instrucción. Mediante acuerdos de veintinueve de febrero y seis de marzo de dos mil doce, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, en cada uno de los recursos de apelación precisados en el preámbulo de esta sentencia, con lo cual quedaron en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los medios de impugnación, al rubro identificado, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracciones V, y 189, fracciones II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 4, 42 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de cinco recursos de apelación promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, para controvertir el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, apartado C del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el proceso electoral federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los Municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán”, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, órgano central del aludido Instituto.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda presentados por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como por el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, se advierte lo siguiente:

a) Acto impugnado. En los escritos de demanda, los partidos políticos y autoridades apelantes controvierten el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, apartado C del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el proceso electoral federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los Municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán”, identificado con la clave CG75/2012.

b) Autoridad responsable. En los cinco recursos de apelación, los recurrentes señalan como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En este orden de ideas, es evidente que existe conexidad en la causa; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente entre sí, de manera expedita y completa, los recursos objeto de esta sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno de este órgano judicial especializado, es conforme a Derecho acumular los recursos de apelación radicados en los expedientes SUP-RAP-56/2012, SUP-RAP-58/2012, SUP-RAP-82/2012 y SUP-RAP-84/2012, al diverso recurso de apelación radicado en el expediente SUP-RAP-54/2012, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior y que, en consecuencia, se registró en primer lugar en el Libro de Gobierno de este órgano colegiado.

Por lo anterior, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente del recurso acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la litis planteada en el recurso al rubro identificado, se debe analizar y resolver las causales de improcedencia que invoca la autoridad responsable, al rendir el informe circunstanciado en el recurso de apelación SUP-RAP-58/2012, consistente consistentes en la falta de legitimación y de interés jurídico del recurrente, por ser su examen preferente, ya que versan sobre aspectos de procedibilidad de los medios de impugnación.

Con relación a la falta de legitimación del Partido Acción Nacional, se considera infundada por las siguientes razones.

En primer lugar se debe distinguir entre la legitimación ad procesum o procesal, también conocida como legitimación activa y la legitimación ad causam o en la causa, toda vez que la primera constituye un presupuesto procesal, necesario para promover algún medio de impugnación, en tanto que la segunda es un requisito necesario para obtener un fallo favorable.

En este orden de ideas, se debe precisar que la legitimación activa consiste en la aptitud o circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser parte, en calidad de demandante, en un juicio o proceso determinado, la cual deriva, por regla, de la existencia de un derecho sustantivo, atribuible al sujeto que acude, por sí mismo o por conducto de su representante, ante el órgano jurisdiccional competente, a exigir la satisfacción de una pretensión, circunstancia distinta será que le asista razón al demandante.

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, identificada como tesis: 2ª./J. 75/97, cuyo texto es al tenor siguiente:

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.

Con relación a la legitimación en el proceso, Oskar von Bülow, en su obra Excepciones y presupuestos procesales, página doscientas noventa y tres, afirma que no está permitido entablar una demanda por parte incapaz de actuar, o por medio de un representante no legitimado, al respecto también señala que el tribunal no tiene que esperar a que se acuse el defecto, sino aplicar de oficio, la norma de derecho procesal respectiva y examinar si el actor ha cumplido los requisitos para el inicio de la relación jurídica procesal y en su caso, al advertir el juez, que alguno de los presupuestos procesales no se cumple, debe decretar el desechamiento de la demanda.

Entendida así la legitimación activa, es claro que constituye un requisito indispensable, de procedibilidad o presupuesto procesal, para que se pueda iniciar un juicio o proceso; por tanto, la falta de esta legitimación torna improcedente el juicio o recurso, determinando la no admisión de la demanda respectiva o el sobreseimiento del juicio o recurso, si la demanda ya ha sido admitida.

Ahora bien, en la especie, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece:

Artículo 45

1. Podrán interponer el recurso de apelación:

a) De acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en los artículos 40 y 41 de esta ley, los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro, a través de sus representantes legítimos, y

Por lo anterior, se considera infundada la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimación del recurrente, toda vez que quien promueve es el representante suplente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, del Partido Acción Nacional; por tanto se cumple el requisito de procedibilidad en estudio, con independencia de que le asista o no la razón en el fondo de la controversia planteada.

Por otro lado, la responsable argumenta que resulta improcedente el recurso de apelación SUP-RAP-58/2012, promovido por el Partido Acción Nacional porque se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico del recurrente, motivo por el cual se debe desechar de plano la demanda.

A juicio de este órgano colegiado también es infundada la causal de improcedencia, en atención a las siguientes consideraciones.

Al respecto el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General antes mencionada, establece:

Artículo 10.

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

...

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor;

De la disposición legal transcrita se desprende que, el interés jurídico procesal es un presupuesto o condición indispensable para el ejercicio de la acción, respecto de todos los medios de impugnación que prevé el sistema jurídico electoral federal, así como para que en ellos se dicte una sentencia de mérito.

Ahora bien, en la especie, la resolución impugnada es el acuerdo CG75/2012 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el ocho de febrero de dos mil doce, mediante la cual se emiten normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, para el procedimiento electoral federal dos mil once – dos mil doce (2011-2012), así como los procedimientos electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal y los procedimientos electorales extraordinarios en municipios de Hidalgo y Michoacán.

Al respecto, de la lectura integral de la demanda del recurso de apelación SUP-RAP-58/2012, se advierte que el Partido Acción Nacional alega que la resolución impugnada viola los principios de legalidad y congruencia que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14, 16 y 41, por indebida fundamentación y motivación del acuerdo CG75/2012, toda vez que en su considerando 26 y puntos resolutivos se omitió tomar en consideración el criterio sostenido por esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-474/2011, en el sentido de que no toda la propaganda gubernamental está proscrita, y de que es a partir de la interpretación funcional de los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, penúltimo párrafo, que se debe determinar si se trata de propaganda gubernamental, que se debe exceptuar de las reglas de suspensión, atendiendo a dos aspectos objetivos, a su contenido y a la temporalidad de su difusión.

En este orden de ideas, al aducir en su demanda vulneración a los principios de legalidad y congruencia, por indebida fundamentación y motivación, a juicio de esta Sala Superior no es necesario acreditar un agravio directo para la procedibilidad de la impugnación, siendo suficiente que con la emisión del acto impugnado se afecte el principio constitucional de legalidad.

Aunado a lo anterior cabe destacar que en la demanda, el Partido Acción Nacional aduce que su interés jurídico se sustenta en la facultad de los partidos políticos para deducir acciones tuitivas de intereses difusos, entre los cuales está la legalidad de los actos de la autoridad administrativa electoral federal, caso en el cual se garantiza el acceso a la jurisdicción efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución federal.

En este sentido, resulta necesario citar la tesis de jurisprudencia 15/2000, consultable en las páginas cuatrocientas veinticuatro a cuatrocientas veintisiete de la “Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 1, intituladpo “Jurisprudencia”, de este órgano jurisdiccional especializado, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. La interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y especialmente los principios rectores en la materia electoral federal consignados medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacen patente que los partidos políticos nacionales están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos electorales, por las siguientes razones: Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en condición igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por determinados actos. En consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obstaculicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1, incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios de impugnación.

Con base en la trasunta tesis de jurisprudencia se advierte que ha sido criterio de esta Sala Superior que los partidos políticos nacionales están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procedimientos electorales, elemento que en el caso se actualiza, con independencia de que le asista razón al recurrente en cuanto a su pretensión, en tanto que conforme a lo previsto en el artículo 210, párrafos 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la etapa de preparación de la elección del procedimiento electoral federal dos mil once - dos mil doce (2011- 2012), inició el siete de octubre del año dos mil once, y concluirá con la jornada electoral del año en que se actúa.

Por otro lado, conforme a lo establecido en la aludida tesis de jurisprudencia los actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, por tanto las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar, colocando, durante esta etapa, a los intereses de los ciudadanos, en condición igual a los denominados intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por determinados actos.

En este sentido, resulta incuestionable que el acuerdo impugnado fue emitido durante el periodo previsto en el artículo 210, párrafos 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y al estar relacionado con la emisión de normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incidir tanto en el procedimiento electoral federal dos mil once - dos mil doce (2011- 2012), como en los procedimientos electorales locales con jornada coincidente con la federal, así como los procedimientos electorales extraordinarios que se llevarán a cabo en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán, colma el supuesto conforme al cual el partido político nacional recurrente tiene interés jurídico para promover, razón por la que, en concepto de este órgano jurisdiccional es infundada la causal de improcedencia que se analiza.

Por cuanto hace al recurso de apelación SUP-RAP-84/2012, la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que la actora ya agotó su derecho de impugnación, pues sostiene que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Subsecretario de Normatividad de Medios, ya ejerció su acción impugnativa al promover el diverso recurso de apelación, identificado en esta Sala Superior con la clave SUP-RAP-82/2012.

En concepto de este órgano jurisdiccional especializado, la mencionada causal de improcedencia es infundada, en atención a las siguientes consideraciones.

Si bien es cierto que el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, promovió el recurso de apelación clave SUP-RAP-82/2012 y que, la aludida dependencia del Poder Ejecutivo Federal, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos promovió el diverso recurso de apelación, identificado con la clave SUP-RAP-84/2012; ambos en fecha veintisiete de febrero de dos mil doce; lo cierto es que, contrariamente a lo aducido por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a juicio de esta Sala Superior, no es conforme a Derecho considerar que, al promover el citado recurso de apelación clave SUP-RAP-82/2012, la Secretaría de Gobernación haya agotado su derecho de impugnación, en atención a que se trata de unidades diferentes dentro de su organización interna, con funciones específicas cada una de ellas.

Al respecto, conviene tener presentes los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 2°, apartado A, fracción V, y apartado B, fracción XII; 11, fracción V, y 20, fracciones I y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, relacionados con el diverso numeral I, inciso C), puntos 1.5, 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3, del Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, preceptos que son al tenor siguiente:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Artículo 18.- En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de:

A. Los servidores públicos siguientes:

…

V. Subsecretario de Normatividad de Medios, y

…

B. Las unidades administrativas siguientes:

…

XII. Unidad de Asuntos Jurídicos

…

Artículo 11. La Dirección General de Comunicación Social, tendrá las

siguientes atribuciones:

…

V. Coordinar las relaciones de la Secretaría y sus órganos administrativos

desconcentrados con los medios de comunicación;

…

Artículo 20. La Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría;

…

XIV. Representar a la Secretaría ante los tribunales federales y del fuero común y ante toda autoridad en los trámites jurisdiccionales y cualquier otro asunto de carácter legal en que tenga interés e injerencia la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Procuraduría General de la República, con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, desistirse, otorgar perdón, ofrecer y rendir toda clase de pruebas; recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los derechos de la Secretaría. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por el titular de la misma todo lo que se haga, en los términos de ley, por esta Unidad y los representantes que acredite, en cada uno de los casos en que intervengan;

…

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL INTERNA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

I. MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL

…

C). ESTRUCTURA ORGANICA

SECTOR CENTRAL

…

1.5 Subsecretaría de Normatividad de Medios

1.5.1 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía

1.5.2 Dirección General de Medios Impresos

1.5.3 Dirección General de Normatividad de Comunicación

…

Del análisis de la normativa aplicable trasunta, se advierte que la Subsecretaría de Normatividad de Medios y la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría de Gobernación, no obstante de ser dependientes jerárquicos del Secretario del Ramo antes precisado, son entidades distintas con funciones delimitadas.

En este sentido, dada la organización interna de la mencionada Secretaría de Estado, prevista en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización de la Secretaría de Gobernación; es evidente que la aludida Subsecretaría de Normatividad de Medios, tiene a su cargo la relación con los medios de comunicación, por lo cual ejerció esa función ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Ante la negativa de incluir en la excepción determinadas campañas, el Subsecretario de Normatividad de Medios, promovió el recurso de apelación SUP-RAP-82/2012, en ejercicio pleno de sus atribuciones, para la adecuada consecución de las facultades que tiene conferidas.

Por su parte, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, promovió el recurso de apelación SUP-RAP-84/2012, en defensa del interés de la Secretaría de Gobernación, y en pleno ejercicio de sus atribuciones conferidas.

En el anotado contexto, este órgano colegiado considera que, para efectos de impugnación, ambas autoridades pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales a defender los intereses de la aludida Dependencia del Ejecutivo Federal, atendiendo a las diversas facultades que la ley otorga a cada una.

De lo expuesto, es que a juicio de esta Sala Superior no asiste razón al Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo que la aludida causal de improcedencia se considera infundada.

CUARTO. Legitimación e interés jurídico de la Secretaría de Gobernación y del Subsecretario de Normatividad de Medios de ese Secretaría. La legitimación para promover el recurso de apelación, conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, especialmente en sus artículos 40, 41, 42, 43, 43 Bis y 45, está determinada y delimitada por las reglas siguientes:

1. Los partidos políticos o agrupaciones políticas, con registro ante el Instituto Federal Electoral, lo pueden promover, por conducto de sus representantes legítimos, para impugnar las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión o bien los actos y resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que no sean impugnables mediante el recurso de revisión.

2. Los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos; los ciudadanos, por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna; las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, por conducto de sus representantes legítimos; las demás personas físicas o morales, por su propio derecho o por medio de sus representantes legítimos, según corresponda, así como los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político nacional; todos con la finalidad de impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. Los partidos políticos que estén en período de prevención o en liquidación, por conducto de sus representantes legítimos, así como las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores del partido político en liquidación, por su propio derecho o por conducto de sus representantes, cuando se impugnen actos o resoluciones del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, que ponga fin al procedimiento de liquidación o que se emitan durante el procedimiento respectivo, que causen una afectación sustantiva al promovente.

4. Los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos, si se trata de impugnar el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia, así como al Consejo General, ambos del Instituto Federal Electoral, respecto de las observaciones hechas por los mismos institutos políticos, a las listas nominales de electores, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conforme a lo expuesto, se advierte que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no prevé expresamente que sujetos como el Subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría antes mencionada tengan legitimación para promover recurso de apelación en contra de la autoridad administrativa electoral federal, a fin de controvertir resoluciones distintas a las de determinación o aplicación de sanciones.

En el caso el Subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría controvierten el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emitieron normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el procedimiento electoral federal dos mil once-dos mil doce (2011-2012), así como para los procedimientos electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal y los procedimientos electorales extraordinarios a celebrar en los Municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán, por lo que en principio la ley no les otorga legitimación para promover el recurso de apelación.

No obstante lo anterior, esta Sala Superior considera que el Subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría, sí están legitimados para promover el recurso de apelación, a fin de controvertir el aludido acuerdo del Instituto Federal Electoral, en atención a los siguientes razonamientos:

Los artículos 27, fracciones XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, Apartado A, fracción V, 5, fracciones XXVI, 25, párrafo primero, fracción XVII y XXII y 27, párrafo primero, fracciones I, III y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación son al tenor siguiente:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

…

XXVII. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información.

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación

Artículo 2. Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de:

A. Los servidores públicos siguientes:

…

V. Subsecretario de Normatividad de Medios, y

Artículo 5. Son facultades indelegables del Secretario:

…

XXVI. Conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información;

…

ARTÍCULO 25.- La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía tendrá las siguientes atribuciones:

…

XVII. Vigilar, con la participación que corresponda a otras dependencias, que la transmisión de programas de radio y televisión, así como la exhibición o comercialización de películas o de cualquier otra forma de presentación con fines educativos y culturales se apeguen a los criterios que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias;

…

XXII. Proveer lo necesario para el uso del tiempo que corresponda al Estado en las estaciones de radio y televisión;

…

Artículo 27.- La Dirección General de Normatividad de Comunicación tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular y coordinar la aplicación de la política de comunicación social del Gobierno Federal;

…

III. Fijar las bases para la orientación, planeación, autorización, coordinación y supervisión de los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

…

V. Asegurar, mediante la participación conjunta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que las campañas oficiales informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y actividades gubernamentales, así como sobre el cumplimiento de los mismos, y

…

De los numerales antes transcritos se advierte lo siguiente:

- Corresponde a la Secretaría de Gobernación formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal y las relaciones con los medios de comunicación.

- Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular de la misma, quien para el desahogo de sus asuntos se auxiliaría, entre otros, de un Subsecretario de Normatividad de Medios.

- Son facultades indelegables del Secretario de Gobernación, entre otras, conducir la política de comunicación social del Gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de comunicación.

- La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, tiene entre otras atribuciones, vigilar junto otras dependencias que la transmisión de programas de radio y televisión con fines educativos y culturales se apeguen a los criterios que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

- La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía debe proveer lo necesario para el uso del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.

- La Dirección de Normatividad de Comunicación tendrá entre otras facultades, formular y coordinar la aplicación de la política de comunicación social del Gobierno Federal, así como la de fijar las bases para la orientación, planeación, coordinación y supervisión de los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

- La Dirección de Normatividad de Comunicación, tiene la facultad de asegurar, mediante la participación conjunta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que las campañas oficiales informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y actividades gubernamentales, así como sobre el cumplimiento de los mismos.

Conforme a lo expuesto, de conformidad con la normativa aplicable, se advierte que corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Subsecretario de Normatividad de Medios, en su calidad de auxiliar de esa Secretaría, conducir toda la política de la comunicación social del Gobierno Federal con los medios de comunicación masiva, vigilando que los programas educativos se apeguen a los criterios contenidos en las disposiciones legales y reglamentarias, así como asegurar que las campañas oficiales informen oportunamente y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y actividades gubernamentales, así como el cumplimiento de los mismos.

En ese sentido, es conforme a Derecho concluir que los actores Subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría están legitimados para promover los recursos de apelación que se resuelven, a fin de controvertir el Acuerdo General del Consejo General del Instituto Federal Electoral, porque tienen el deber jurídico de conducir las políticas en materia de comunicación social del Gobierno Federal, con fundamento en la normativa transcrita.

Por tanto, si en el particular las campañas que aducen deben ser incluidas en la excepción prevista en el artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C, párrafo segundo, de la Carta Magna, son relativas a información de prevención del delito y la educación en materia financiera, y solicitan no sean suspendidas durante el período de campaña electoral federal y campañas locales hasta la conclusión de las respectivas jornadas electorales, es conforme a Derecho considerar que, no obstante que no estén expresamente previsto como sujetos que pueden interponer recurso de apelación, a juicio de esta Sala Superior, las personas físicas que ostentan la calidad de servidor público, así como las dependencias de gobierno, sí tienen dentro de sus deberes verificar el contenido de la propaganda gubernamental, deben estar legitimados para controvertir actos relativos a la difusión de propaganda gubernamental.

En este contexto, también es evidente que tienen interés jurídico para ocurrir en recurso de apelación, por las razones y fundamentos antes expuestos.

QUINTO. Conceptos de agravio expresados por el Partido Revolucionario Institucional. En su escrito de demanda de recurso de apelación, radicado en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-54/2012, el Partido Revolucionario Institucional expuso los siguientes conceptos de agravio:

“III.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

He de dividir el presente apartado en dos rubros a saber, el primero de ellos se referirá a la jerarquía de las normas jurídicas; y el segundo de ellos a la carencia de fundamentación y motivación que existe en el Acuerdo impugnado, al no contener las razones suficientes y necesarias para incluir excepciones que van más allá de los preceptos constitucionales.

PRIMER APARTADO, DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Es este, uno de los principios fundamentales en la vida jurídica del país, en evidente necesidad de contar con un sistema legal que garantice la aplicación de la norma constitucional de forma inviolable, lo cual nos conducirá a la certeza e independencia interpretativa y aplicativa de los preceptos legales.

Este principio, se aplica desde luego a la obediencia y sujeción que las leyes menores, reglamentarias y demás ordenamientos jurídicos deben tener hacia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando estrictamente de nuestro país, no puede ni debe ninguno de estas compilaciones legales contravenir a la norma constitucional.

Al efecto, cabe recordar el artículo 126 de la Constitución de 1857, convertido en el artículo 133 de la Constitución de 1917, que a la letra dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Ahora bien, traducido al Derecho Internacional, resulta obvio que los convenios y tratados en que se vea involucrado nuestra nación, no podrán ser autorizadas en el caso de que de alguna forma se conculquen los derechos y garantías establecidos constitucionalmente para el hombre y ciudadano, pudiéndose aplicar el proverbio iglesista que reza “sobre la Constitución nada ni nadie” otorgándole tal fuerza y contundencia a la norma federal dejando claro que no tienen validez formal ni aplicabilidad las convenciones internacionales que las contravengan.

Veamos ahora cómo ha interpretado la Corte a la Supremacía Constitucional, permitiéndome al efecto la transcripción del siguiente criterio:

“SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía constitucional” implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la “Ley Suprema de la Unión”, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.”

Es así, que siendo la Constitución la Ley Fundamental, cualquier otra norma inferior debe en concordancia, mantener en esencia el mismo sentido, lo contrario convertiría en nugatorio el principio de supremacía. En ese sentido, la doctrina proclama que el poder constituyente no debe estar contrariado por normas inferiores, lo cual plasmó Recásens Siches en su obra Filosofía del Derecho al manifestar que: “el poder constituyente no puede hallarse sometido a ningún precepto positivo, porque es superior y previo a toda norma establecida; por eso el poder constituyente, cuando surge in actu, no reconoce colaboraciones ni tutelas extrañas, ni está ligado por ninguna traba...”

Es lo anterior base establecida para entender que es la Constitución el ordenamiento mediante el cual se crean los órganos del Estado, motivo por el cual, al deber su existencia a la ley fundamental, no pueden jurídicamente hablando, violar o contravenir sus disposiciones encontrándose subordinados a la Constitución.

Claro es entonces, que no podrá ser la Constitución Federal motivo de violación o imposición por una ley menor.

Entonces, que unas normas reglamentarias establezcan excepciones novedosas a las literalmente contenidas en la Constitución, respecto de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas en los procesos electorales locales atenta al principio en comento, lo que deviene en agravio no solo de mi representado sino de todo el acervo jurídico electoral.

No pasa desapercibido a esta representación, el criterio sostenido por nuestras más altas autoridades jurisdiccionales al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, en la que se controvirtió que en una reforma se establecieran excepciones más allá de las previstas por la Constitución Federal, resultando de la Litis el razonamiento que a continuación me permito citar de manera textual y que es visible a fojas 218 a 238 de la mencionada resolución:

“DÉCIMO QUINTO. Excepciones a la suspensión de propaganda gubernamental. Por otra parte, es fundado el concepto de invalidez en el que el Procurador General de la República argumenta que el artículo 143, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, viola lo dispuesto en los artículos 41, apartado C, párrafo segundo, y 134, de la Constitución Federal, ya que establece como excepciones a la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, lo relativo a las campañas “tendentes a incentivar el pago de impuestos, las de promoción turística, las relativas a licitaciones públicas, o las de beneficencia, siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, del estado o ayuntamiento de que se trate...”, lo que aduce, rompe con el esquema establecido por el Constituyente Permanente referente a privilegiar la equidad en los procesos electorales, eliminar la injerencia del gobierno en las elecciones y el desvío de fondos de comunicación social gubernamental hacia las contiendas de esa naturaleza.

El artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Federal establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público y que las únicas excepciones a lo anterior, serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por su parte, el artículo 134 de la Carta Magna, prevé en la porción que se estima violada, que cualesquiera que se la modalidad de comunicación que se utilice, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso aquélla deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

La reglas descritas derivaron de la reforma constitucional en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación de trece de noviembre de dos mil siete, y de cuyo proceso legislativo se desprende que su finalidad fue la de regular la propaganda gubernamental en tiempos electorales, para generar condiciones de equidad y certeza en ese tipo de contiendas.

Lo anterior se corrobora de la exposición de motivos y dictámenes que culminaron con la reforma constitucional indicada; proceso legislativo del que se transcribe lo siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[…]

El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

Quienes suscribimos la presente Iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una está el derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.

Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para las personas, no para las autoridades; éstas no pueden invocar como justificación o defensa de sus actos tales principios. La libertad de expresión es una garantía individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la Constitución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege frente a eventuales abusos del poder público.

Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política.

La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación.

Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales, propósito que inicia por impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la Unión para recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas.

En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos:

En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;

En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y

En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones.

[..]

“DICTAMEN DE ORIGEN

ANTECEDENTES

[…]

De importancia destacada es el tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

[...]

CONSIDERACIONES

[…]

Las bases del nuevo modelo de comunicación social que se proponen incorporar en el artículo 41 constitucional son:

[...]

VIII. Se eleva a rango constitucional la obligación de los partidos políticos de abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los propios partidos, o que calumnien a las personas. De igual forma, se determina la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones admisibles;

[…]

En la Iniciativa bajo dictamen se propone la adición de tres párrafos al artículo 134 de la Constitución con el propósito de establecer nuevas y más duras previsiones a fin de que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y aplicación de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Se dispone además que la propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, sin promover la imagen personal de los servidores públicos.

Coincidiendo con los propósitos de la Iniciativa bajo dictamen, las Comisiones Unidas consideran necesario precisar las redacciones propuestas a fin de evitar confusión en su interpretación y reglamentación en las leyes secundarias.

Por tanto, los párrafos que se adicionan al artículo en comento quedarían de la siguiente forma:

‘Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.— La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. No se considerará propaganda la información noticiosa no pagada.— Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.’

Finalmente, en lo que hace a los cambios aprobados por estas Comisiones Unidas respecto del contenido de la Iniciativa bajo dictamen, es necesario precisar que han resuelto aprobar la propuesta del Grupo de Trabajo para adicionar el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución a fin de colmar un vacío que hasta la fecha subsiste en nuestro orden jurídico. Nos referimos al derecho de réplica con que toda persona debe contar frente a los medios de comunicación social. La única ley en que ese derecho se encuentra consagrado, la Ley de Imprenta, antecede a la Constitución de Querétaro de 1917 y su inoperancia se constata desde hace décadas. Al introducir en la Constitución el derecho de réplica será posible que el Congreso de la Unión actualice de manera integral el marco jurídico que tutela y protege el derecho a la información, tal y como fue la intención del Constituyente Permanente con la reforma al propio artículo 6o en comento en reforma promulgada en fechas recientes.

[…]

“DICTAMEN REVISORA

CONSIDERACIONES

[…]

Artículo 41. Este artículo constituye el eje de la reforma en torno al cual se articula el propósito central de la misma: dar paso a un nuevo modelo electoral y a una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad y los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión.

[…]

Se establecen, finalmente, disposiciones a fin de que durante los periodos de campañas electorales toda propaganda gubernamental, de los tres órdenes de gobierno, sea retirada de los medios de comunicación social, con las excepciones que señalará la propia norma constitucional.

[…]

Artículo 134.

Los tres párrafos que la Minuta bajo dictamen propone añadir en este artículo constitucional son, a juicio de estas Comisiones Unidas, de la mayor importancia para el nuevo modelo de competencia electoral que se pretende instaurar en México.

Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá establecer en la ley más y mejores controles para tal propósito, así como las sanciones aplicables a quienes la violen.

Por otra parte, el segundo párrafo tiene como propósito poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, para la promoción personal. Para ello, se establece que esa propaganda no podrá incluir nombres, imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las sanciones a quienes infrinjan las normas antes señaladas.

Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el sentido y propósitos de la Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en comento. La imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los partidos políticos y de sus campañas electorales debe tener el sólido fundamento de nuestra Constitución a fin de que el Congreso de la Unión determine en las leyes las sanciones a que estarán sujetos los infractores de estas normas.

[…]”

Ahora bien, el artículo 143, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, es del tenor siguiente:

“Artículo 143

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público.

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, cultural y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, las tendientes a incentivar el pago de impuestos, las de promoción turística, las relativas a licitaciones públicas, o las de beneficencia, siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, del estado o ayuntamiento de que se trate. Asimismo, la publicación de informes que por mandato legal deban realizarse

2. Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se difundan en los mismos logros a su favor.

3. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el párrafo tercero del artículo 197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda contraria a dichos preceptos, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.”

Precisado lo anterior, debe decirse que asiste la razón al accionante, pues tratándose de la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, la Constitución Federal es clara en establecer en su artículo 41, cuáles serán las únicas excepciones para la difusión de dicha propaganda, empero, la disposición combatida prevé mayores excepciones, lo que significa que va más allá de lo ordenado por el Constituyente Permanente.

En efecto, el artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Federal establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jomada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público y que las únicas excepciones a lo anterior, serán las siguientes:

a) Las campañas de información de las autoridades electorales;

b) Las relativas a servicios educativos y de salud; o

c) Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Sin embargo, la norma combatida a esos únicos supuestos de excepción que reitera, agrega otros, a saber: a) la propaganda tendente a incentivar el pago de impuestos, b) la de promoción turística, c) la relativa a licitaciones públicas, d) o las de beneficencia; de donde resulta la contravención a lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, ya que si bien el artículo reclamado señala que esa propaganda se difundirá siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, estatal o municipal de que se trate, también lo es que la Carta Magna es categórica es señalar que las únicas excepciones al respecto, son las que indica el artículo 41, por ende, el legislador local, con la disposición combatida está transgrediendo el principio de equidad que rige en la materia electoral, pues fijó excepciones adicionales a la propaganda gubernamental que se puede difundir durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Además, si bien el listado introducido por el legislador del Estado de Chihuahua, se refiere a propaganda de carácter institucional, pues alude a cuestiones vinculadas con funciones propias del Estado, como lo es el pago de impuestos, la promoción turística y las licitaciones públicas, también lo es que no se refiere a la información que el Constituyente Permanente determinó privilegiar o cuidar por su contenido, es decir, le preocupó la difusión en ese periodo, de propaganda que contuviera información propia de las autoridades electorales, de servicios educativos, salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia, la que por su naturaleza, es importante difundir y no suspender en beneficio de la población, pues es claro que, por ejemplo, las cuestiones relativas a la salud o a la protección civil, no puede suspenderse porque sería mayor el perjuicio que resentirá la comunidad; sin embargo, hay otro tipo de propaganda que sí es dable suspender porque su ausencia no implicaría mayor impacto en la sociedad; de ahí que el Constituyente Permanente fuera claro en fijar excepciones únicas a la suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental y por ende, al calificarlas como únicas, es claro que las legislaturas de los Estados no pueden fijar excepciones adicionales.

Por ello, debe declararse la invalidez del artículo 143 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, por cuanto establece excepciones adicionales a los supuestos de suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

No es óbice a lo determinado, lo aducido por el Poder Legislativo demandado, en el sentido de que en la norma combatida únicamente se plasmaron los acuerdos tomados por el Instituto Federal Electoral en materia de propaganda gubernamental, contenidos en el “Acuerdo de Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifican las Normas Reglamentarias sobre Propaganda Gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Ese Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, en la parte que interesa contiene lo siguiente:

“Acuerdo

Primero. Se modifica la Segunda Norma reglamentaria sobre propaganda gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el Acuerdo CG40/2009, para quedar como sigue:

SEGUNDA. Se permitirá como publicidad vinculada a la salud, la propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la “Lotería Nacional para la Asistencia Pública” como “Pronósticos para la Asistencia Pública”, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, las cuales no tendrán logotipos o cualquier tipo de referencias del gobierno federal ni de algún otro gobierno.

Asimismo, podrá permanecer la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país, siempre y cuando, no tenga logotipos o referencia alguna al Gobierno Federal ni a gobiernos de alguna entidad federativa, municipio o delegación.

Asimismo, se podrá difundir la campaña de comunicación social del Servicio de Administración Tributaría, para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de obligaciones fiscales a nivel nacional, incluyendo a aquellas entidades federativas que inician campañas locales, como lo son: Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, siempre y cuando en la misma no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal o logros de las instituciones. En dichas campañas podrá utilizarse el logotipo del Servicio de Administración Tributaria.

También podrán difundirse, durante el período de campañas federales y locales, las campañas de comunicación social del Banco de México cuyo contenido sea exclusivamente educativo, siempre y cuando no incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, o haga mención alguna a logros de la institución o de ninguna otra.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) procederá al retiro paulatino de los mensajes contenidos en cartelones, mantas y bardas, durante las elecciones locales que comenzarán en el mes de abril, así como durante los meses de mayo y junio.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.”

También es importante precisar que el Acuerdo transcrito modificó la segunda norma reglamentaria sobre propaganda gubernamental, contenida en el diverso Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Lo inatendible de lo aducido por la autoridad demandada, radica en que si bien de la lectura al Acuerdo transcrito, se aprecia que el Instituto Federal Electoral emitió normas reglamentarías sobre propaganda gubernamental, en las que hace referencia a propaganda vinculada entre otras, con la asistencia pública, la promoción turística, la de comunicación social del Servicio de Administración Tributaria y del Banco de México, también lo es que debe entenderse que esas reglas las emitió como máxima autoridad administrativa electoral y con apoyo en el artículo 2º, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, así como que las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, pero principalmente porque el último párrafo del mismo artículo prevé que el Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas.

Además, la constitucionalidad de una disposición legal no puede derivarse de su similitud con alguna otra norma de carácter general.

En virtud de que resultó fundado uno de los argumentos planteados sobre el tema, lo que originó la declaración de invalidez de la norma impugnada, es innecesario rea/izar el estudio de los restantes argumentos vinculados con la violación a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2004, que a continuación se reproduce:

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acción de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto.” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, junio de 2004, página 863).

En consecuencia, se declara la invalidez del artículo 143, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en la porción normativa que indica: “...tendentes a incentivar el pago de impuestos, las de promoción turística, las relativas a licitaciones públicas, o las de beneficencia, ...”.

Concluyendo, la autoridad jurisdiccional resolvió anteponiendo la claridad de las disposiciones constitucionales que establecen las excepciones y al tratar de prever inclusive en normas que emanan de un poder legislativo, que es quien tiene a su encargo la creación y modificación de leyes, que prever mayores excepciones a las que están establecidas van más allá de lo ordenado por el constituyente permanente y por ello las declaró inválidas. Esto sin soslayar que por tratarse se (sic) una resolución a una Controversia Constitucional, su contenido resulta de obligada observancia. Entonces partiendo de este supuesto, cuando se trata de un Poder Legislativo que pretende ir más lejos en cuanto a las excepciones, ¿qué se puede esperar cuando las excepciones a lo ordenado por la Carta Magna son aumentadas sin fundamentación ni motivación por un organismo autónomo que no puede crear o modificar leyes?, en la respuesta a esta pregunta se encuentra el quid del presente asunto, que seguramente con lo hasta aquí argumentado, señora y Señores Magistrados compartirán con esta representación el respeto irrestricto a las excepciones previamente establecidas sin permitir que por encima de la Constitución, la responsable incluya nuevas excepciones, teniendo aplicación actual la Tesis de José María Iglesias Inzurruaga “Sobre la Constitución, nada: ¡Nadie sobre la Constitución”, “Todo lo que sea separarme de la Constitución de 1857 será rechazado por mí que soy el representante de la legalidad”.

SEGUNDO APARTADO, DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN.

Siempre, por mandato constitucional, las autoridades han de expresar con claridad el motivo de hecho que autoriza la emisión de un determinado acto, refiriéndose al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuando ha expresado:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas”.-

Tesis Jurisprudencia 373 del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, pags. (sic) - 636-637.-”

Entonces la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión para emitir un acto, en el que no basta la solicitud del órgano gubernamental para que esta (sic) sea atendida en sus términos.

En consecuencia, es claro que estamos en presencia de un Acto que se ha dado, que no han sido ni remotamente debidamente motivado, porque no basta mencionar que el órgano gubernamental haya solicitado que se mantuvieran como excepciones a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental las campañas relacionadas con:

• La propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la Lotería Nacional como Pronósticos para la Asistencia Pública;

• La publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país;

• La campaña de educación del Servicio de Administración Tributaria para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales;

• La propaganda que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emita para difundir los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales;

• Las campañas de comunicación social del Banco de México con contenido exclusivamente educativo;

• La transmisión publicitaria de la Conmemoración del 150 Aniversario de la batalla del cinco de mayo, entre el quince de abril y el seis de mayo de dos mil doce, inclusive;

• La propaganda con motivo del inicio del Programa de Horario de Verano, a transmitirse del treinta de marzo al uno de abril de dos mil doce, inclusive;

• Las campañas relativas la difusión de las actividades y servicios en materia artística y cultural llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y

• La campaña educativa denominada “Cultura del agua, versión Nuevos Hábitos 2012”, a difundirse por la Comisión Nacional del Agua.

Asimismo, que se incluyeran como excepciones a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental, sino conocer cómo es que llega a tales alcances la responsable, lo que insistimos en el presente caso no ha sucedido.

Pero analicemos cómo fue la discusión del asunto y su nula fundamentación y motivación por parte del Consejo General:

• Se propuso por parte del Consejero Marco Antonio Baños, el peligro que entraña conceder excepciones sin que se haya valorado escrupulosamente esa posibilidad, tal y como puede verse en la versión estenográfica de la Sesión Ordinaria de la que me permito citar la participación del Consejero Baños:

“…

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez. El C. Maestro Marco Antonio Baños: Muchas gracias, Consejero Presidente.

Voy a ser quizá la única voz discordante de Los Consejeros Electorales que tenemos derecho de voto con relación a este tema, pero es pública y conocida mi posición al tema de las excepciones.

Estoy en contra del Proyecto de Acuerdo que está a la consideración de este Consejo General, portas razones siguientes.

Primero, porque en mi perspectiva, el Consejo General, de acuerdo con lo que prevé el artículo 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no tiene facultades para expedir este tipo de normas de carácter general, sólo podemos emitir Acuerdos, Lineamientos, algunos reglamentos para normar las actividades del propio Instituto, pero no para hacer excepciones de lo que está claramente previsto en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con este tema.

En segundo lugar, porque desde mi perspectiva, sólo hay cuatro excepciones establecidas en la Constitución Política al mandato explícito de suspender toda propaganda gubernamental. La interpretación correcta de este precepto debe ser restrictiva, pues esa es la voluntad manifiesta del legislador, al señalar que esas son las únicas excepciones.

No deben confundirse los contenidos del artículo 134 con los del artículo 41 constitucional, “cumplir con los requisitos aplicables a toda propaganda gubernamental no constituye razón suficiente para que una campaña sea considerada como parte de las excepciones establecidas en el artículo 41. Pretender esto es convertirla excepción en regla, en contravención a la voluntad explícita del reformador de la Constitución Política”.

Mi punto de vista es que, para actualizar las excepciones a la suspensión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, no es razón suficiente el que la misma tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que en ningún caso incluya nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada del servidor público y que por lo tanto, no tenga presuntamente el poder de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Todas ellas son características exigidas por los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional para la aplicación de los recursos públicos y para la propaganda gubernamental citadas en el Considerando 12 del Proyecto, sino que es necesario, primeramente, que la propaganda en cuestión corresponda a uno de los cuatro supuestos que se contemplan en el párrafo segundo del Apartado C, de la Base III del artículo 41 de la Constitución Política, mismos que se concretan de la siguiente manera.

En primer lugar, en campañas de información de las autoridades electorales; en segundo lugar, en campañas de información relativas a servicios educativos; en tercer término, a campañas de información relativas a servicios de salud; y en cuarto lugar, a campañas de información necesarias para la protección civil, en casos de emergencia.

Ello porque, si bien con aquellas medidas, las previstas en el artículo 134 constitucional, el poder reformador de la Constitución Política, buscó salvaguardar como bien jurídico protegido el principio de imparcialidad en la administración de los recursos públicos y el de la equidad en las competencias entre los partidos políticos, también es perfectamente claro que estimó que esas medidas atenientes (sic) a ese objetivo de manera permanente no eran suficientes por sí mismas, para salvaguardar dicho bien jurídico, es decir, el de la equidad en las contiendas durante el período de las campañas electorales.

Lo que explica, porque además decidió limitar la propaganda gubernamental durante esos periodos, con criterio inequívocamente restrictivo al señalar las cuatro excepciones citadas anteriormente, y al puntualizar enfáticamente que esas serían las únicas.

De otra manera, si se asumiera que las reglas generales de la propaganda gubernamental operan como causa para no aplicar la suspensión a cualquier campaña de gobierno, ello equivaldría a legitimar toda la publicidad del poder público durante las campañas electorales, excepto cuando no cumplieran los requisitos previstos en el artículo 134 constitucional.

En tal circunstancia, con base en esta interpretación, no se explicaría por qué el poder reformador de la Constitución Política habría señalado cuatro excepciones específicas, ya que éstas no tendrían sentido al haberse introducido una norma de carácter general que ya las comprendería a todas.

A mi modo de ver, no procede la interpretación extensiva de los cuatro supuestos constitucionales de excepción a la suspensión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, lo que implica que las autoridades responsables de su aplicación no pueden añadir hipótesis a las previstas en esos cuatro supuestos, ni pueden incluir dentro de los mismos campañas gubernamentales, que no se ajusten a los cuatro objetivos señalados en el texto de referencia.

Ello entre otras razones, porque no se trata de excepciones orientadas a proteger o beneficiar el ejercicio de garantías constitucionales, como la libertad de expresión, donde podría justificarse una interpretación extensiva en beneficio del ciudadano, sino que estamos ante un esquema que tiene como finalidad explícita limitar el poder gubernamental en una materia específica.

Es necesario tener presente que la Constitución Política da lugar únicamente a campañas de naturaleza informativa, no de carácter promocional, educativo, de entretenimiento o de cualquier otra índole.

Además, dentro de ese esquema de excepciones, sólo autorizó propaganda institucional de manera genérica a las autoridades electorales como excepción durante las campañas electorales, en tono que en los tres restantes supuestos de excepción autorizó sólo mensajes referidos a fines y contenidos asignados.

La Constitución Política no contempló excepciones que comprendieran toda la propaganda de entes públicos salvo de las autoridades electorales, las excepciones en los otros tres casos refieren de manera inequívoca los objetivos y contenidos autorizados, informar servicios educativos y de salud, así como lo necesario para proteger a la población en casos de emergencia.

Tercera, ninguna de las campañas que se involucran en el Proyecto parecen (sic) estar comprendidas dentro de las cuatro excepciones previstas en el artículo 41 constitucional. Sin embargo, lo relevante no es lo que parezca sino lo que realmente sea. En el Proyecto de Resolución no se razona de manera suficiente y menos se demuestra, primero, que esas campañas sean de naturaleza informativa ni que atiendan a servicios educativos o de salud o que sean necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Tampoco se razona y menos se demuestra que esas campañas sean, en segundo lugar, relevantes para el cumplimiento de las tareas gubernamentales encomendadas, esto es, que el éxito de esas tareas gubernamentales dependa de la propaganda.

En tercer lugar, que sean imprescindibles o urgentes durante el período de las campañas electorales, Tampoco se razonan ni se demuestra que esas campañas sean útiles o que influyan en las preferencias electorales o que se promueva el voto en contra de los partidos políticos o candidatos o que prescindan de promoción personalizada de servidores públicos; el Consejo General no conoce ni puede conocer de antemano los guiones, textos, imágenes, símbolos, logotipos, música, etcétera, de cada una de las piezas comunicativas que se producirían y se difundirían en su oportunidad, ni aún las condiciones de tiempo y espacio en que serían transmitidos esos productos, incluso ni el formato que se utilice al efecto, razón por la cual está en imposibilidad de juzgar de antemano sobre la validez y pertinencia de esas campañas gubernamentales de propaganda.

La reflexión es muy simple: no se puede emitir un juicio y menos aún convalidar lo que no se conoce. En todo caso la instancia competente para revisar estos aspectos en el ámbito del Gobierno Federal es la Secretaría de Gobernación con el propósito de verificar que esas campañas se ajusten a la ley y a criterios de racionalidad en el Presupuesto Público.

Cuarta, al no cotejarse que las campañas de comunicación gubernamentales comprendidas en el Proyecto de Acuerdo correspondieran a los fines informativos señalados por la norma constitucional, no se tuvieron los elementos adecuados que permitieran demostrar que dichas campañas se ajustarán a alguno de los cuatro supuestos de excepción en la Carta Magna.

Quinto, la dictaminación y autorización previa de una campaña de comunicación gubernamental por parte de la autoridad electoral que, repito, no está facultada para ello, no aporta certeza jurídica al Proceso Electoral Federal ni al desarrollo de las estrategias de gobierno en lo que atañe al período de las campañas electorales, pues la misma no invalida ni anula la posibilidad de que alguna pieza comunicativa en lo particular, pueda ser impugnada y eventualmente considerada como violatoria de la suspensión prevista en la Base III del artículo 41 constitucional. No es conveniente para la certeza jurídica del Proceso Electoral Federal mantener un esquema reglamentario que en vez de contribuir a la resolución expedita de los casos concretos que se presenten durante las campañas electorales, puede promover la confusión al aparentar que con el mismo se convalidan campañas de comunicación gubernamentales que en la práctica pudieran resultar violatorias a la normatividad comicial.

Sexta, a fin de preservar la eficacia del principio de supremacía constitucional, así como de los principios de legalidad, certeza, equidad e imparcialidad en beneficio de los procesos electorales por venir, es necesario que la actuación de la autoridad electoral en materia de propaganda gubernamental y campañas electorales se apegue rigurosamente a lo explícitamente ordenado por la Constitución Política y en la legislación electoral.

Así que esta es mi posición sobre este punto, porque no podemos permitir que estas excepciones continúen su curso en un posible detrimento de los procesos electorales. Si se hace una suma de todas las excepciones que se han autorizado desde el año 2009, se verá que han sido aproximadamente 18 excepciones aprobadas por el Consejo General, particularmente para este Proyecto de Acuerdo se están sometiendo a consideración 10 más.

A mi modo de ver es un Acuerdo que no debería ser aprobado por el Consejo General y he aquí mis puntos de vista y las razones por las cuales sostengo lo anterior. Es todo Consejero Presidente.”

• De lo anterior, resumiendo se colige lo siguiente:

 Crear excepciones cuando no son necesarias contraviene la disposición constitucional; y

 No se cuenta con una justificación real que motive la implementación de una excepción a la norma constitucional, respecto de un ente público determinado y específico.

Este enfoque de la A quo por supuesto causa perjuicio a mi representado, ya que de haber buscado la razón o el motivo no hubiera incluido como excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las enumeradas en el punto QUINTO del Acuerdo impugnado.”

SEXTO. Conceptos de agravio expresados por el Partido de la Revolución Democrática. En su escrito inicial de recurso de apelación el Partido de la Revolución Democrática expresó como conceptos de agravio, los siguientes:

HECHOS

1.- El 8 de febrero de 2011 se aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, identificado con la clave CG75/2012, en los términos siguientes:

ACUERDO

TERCERO.- Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en radio y televisión, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en los términos y con las excepciones establecidas los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del treinta de marzo y hasta el uno de julio de dos mil doce, en las emisoras de radio y televisión previstas en el “Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal”.

QUINTO.- Se considerará que forman parte de las excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando no incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o a sus campañas institucionales, en términos de lo previsto en los diversos Acuerdos CG193/2011 y CG247/2011, las siguientes: